Bogotá D.C., 19 de marzo de 2014

 

 

Señor

ROBERTO MENÉNDEZ

Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Calle 72 # 5 - 90

Bogotá D.C.

 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE VIGILIA PERMANENTE

 

Cordial saludo.

 

Acudo por segunda vez a la oficina de la Misión de la OEA en Bogotá para transmitir el siguiente mensaje urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la misma organización (adjunto primer comunicado y respuesta de la MAPP-OEA de fecha 19 de marzo de 2013):

 

Han transcurrido 15 años desde que mi padre, el Brigadier General (R) JAIME HUMBERTO USCÁTEGUI RAMÍREZ, fue enviado a la cárcel por su supuesta participación en la masacre de Mapiripán (Meta, 1997). Durante este tiempo, he podido constatar, una y otra vez, que el Estado colombiano no le ofrece plenas garantías judiciales para demostrar su inocencia.

 

Es una violación flagrante al debido proceso que, después de 15 años, mi padre continúe preso sin que exista hasta la fecha un fallo definitivo que determine su responsabilidad con las respectivas garantías. Estos años han sido una tortura psicológica para mi familia.

 

También es un abuso sin precedentes que mi padre esté condenado a 37 años de prisión por la muerte de las siguientes personas que NO murieron en Mapiripán entre el 15 y 20 de julio de 1997 (seis de ellas ya fueron excluidas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como victimas de la “masacre de Mapiripán” mediante resolución del 23 de noviembre de 2012): GUSTAVO CAICEDO RODRÍGUEZ, DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ CONTRERAS, HUGO FERNANDO MARTÍNEZ CONTRERAS, ENRIQUE PINZÓN LÓPEZ, LUIS EDUARDO PINZÓN LÓPEZ, JOSÉ ALBERTO PINZÓN LÓPEZ, JORGE PINZÓN LÓPEZ, JAIME RIAÑO COLORADO, OMAR PATIÑO VACA, ELIÉCER MARTÍNEZ VACA, MANUEL ARÉVALO Y RAÚL MORALES.

 

Al revisar el más reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de mi padre, este alto tribunal insiste en atribuirle la muerte de personas que hoy están con vida o murieron en hechos distintos a los de Mapiripán. [1]

 

No es menos violatorio del debido proceso que el único testimonio en contra de mi padre sea el del Teniente Coronel (R) HERNÁN OROZCO CASTRO, quien hoy está condenado en todas las instancias por la masacre de Mapiripán a 38 años de prisión y se encuentra prófugo de la justicia en Miami (EEUU) con el beneplácito de las autoridades colombianas. Está demostrado que el Coronel OROZCO engañó a la justicia para tramitar su salida del país haciendo falsas acusaciones.

 

Mientras ningún “paramilitar” vincula a mi padre con los lamentables hechos de Mapiripán, hay testimonios de Justicia y Paz que señalan al Coronel OROZCO como directo responsable de la masacre.[2]

 

Por último, no se puede olvidar que el hoy Presidente de la República de Colombia, JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, rindió un concepto escrito ante el Congreso de la República, cuando era Ministro de la Defensa Nacional en 2006, y certificó que mi padre carecía de jurisdicción y mando sobre las tropas responsables del municipio de Mapiripán en julio de 1997. Esto confirma inequívocamente la inocencia de mi padre, pero las autoridades judiciales colombianas han desconocido este testimonio y las pruebas que lo sustentan, en otro acto flagrante de violación al debido proceso y las garantías judiciales.

 

La justicia colombiana ha llegado al extremo de adulterar pruebas para perjudicar a mi padre, tal y como lo pudo constatar el periodista DANIEL CORONEL quien calificó esta falta como un “descuido fatal”.[3]

 

Estas informaciones, junto a otras relevantes, son de conocimiento de la Comisión Interamericana que ha documentado mi denuncia No. P-623-03, a raíz de una petición que realicé en el año 2003, sin que hasta la fecha se haya adoptado alguna acción para la protección y restitución de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA.

 

Ante estas circunstancias, observando que mi familia ha padecido los atropellos de la justicia colombiana durante 15 años, y considerando que la Comisión Interamericana no ha realizado un pronunciamiento sobre la admisibilidad de mi petición P-623-03 después de 11 años, me veo en la necesidad de declararme en VIGILIA PERMANENTE con el ánimo de implorar la protección efectiva e inmediata de mis derechos.

 

Este es mi llamado urgente a la Organización de Estados Americanos y particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hoy inicia su 150º periodo de sesiones en Washington D.C.

 

A partir de la radicación de la presente carta, permaneceré de forma indefinida, y de manera pacífica, al frente de la oficina de la Misión de la OEA en Bogotá (Calle 72 # 5 - 90) hasta ver materializados los derechos que me asisten.

 

 

Atentamente,

  

JOSÉ JAIME USCÁTEGUI PASTRANA

Cédula de Ciudadanía 80.089.333

Celular 3102782407

usca81@hotmail.com

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2013

 

Señor

MARCELO ÁLVAREZ 

Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Ciudad.

 

Respetado Sr. Álvarez,

 

Reciba un cordial saludo.  En su calidad de representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Colombia, deseo presentarle la siguiente solicitud respetuosa:

 

Soy el hijo del Brigadier General (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, actualmente condenado a 40 años por la masacre de Mapiripán (Meta, 1997). He dedicado los últimos años de mi vida a demostrar su inocencia. En 2006 publiqué un documental sobre el caso (DVD ANEXO).

 

A todas luces el proceso judicial de la masacre de Mapiripán ha sido un proceso manipulado; muestra de ello son las falsas víctimas, los falsos testigos y las falsas pruebas. Todo ha estado orientado a culpar a mi padre por una supuesta omisión, mientras los verdaderos responsables de la masacre no han sido sancionados. Valga la pena decir que dicha omisión jamás existió porque mi padre, como Comandante de la VII Brigada en Villavicencio, no tenía mando operacional sobre las tropas responsables de Mapiripán; así lo certificó el Dr. Juan Manuel Santos en 2006 (DOCUMENTO ANEXO).

 

En el año 2003, cuando me percaté de la ausencia de garantías judiciales, recurrí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Hoy, después de casi 10 años, lamento decir que no he recibido una respuesta de la CIDH-OEA en lo concerniente a la admisión o el archivo de mi petición (P-623-03).

 

Han sido 13 años de proceso judicial en Colombia, que han sido una verdadera tortura sicológica para mi familia, sin que hasta la fecha exista un fallo ejecutoriado. Siento que tengo el derecho a recibir una respuesta de la OEA y por eso recurro a su despacho.

 

También recurro a usted para solicitar un acompañamiento a la denuncia pública que acabo de realizar en relación con hechos graves asociados a la masacre de Mapiripán (ARTÍCULO ANEXO). Del mencionado acompañamiento dependerá la integridad física de mi familia que está en riesgo.

 

Agradezco su atención.

 

Cordialmente,

 

JOSÉ JAIME USCÁTEGUI P.

Cédula No. 80.089.333

 

San José de Costa Rica, 23 de noviembre de 2011

CORTE INTERAMERICANA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE SITUACIÓN JURÍDICA DEL GENERAL USCÁTEGUI

 

En el marco de la audiencia citada para hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de supervisar el cumplimiento de su Sentencia del 15 de septiembre de 2005 (asunto “Masacre de Mapiripán”), la defensa del General (r) Jaime Uscátegui Ramírez ha solicitado un pronunciamiento de la Corte sobre las recurrentes violaciones al debido proceso del oficial, quien hoy se encuentra condenado injustamente a 40 años por la masacre de Mapiripán:

 

“La larga lista de violaciones de las reglas del debido proceso que se han producido especialmente en el procesamiento del brigadier general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez constituyen una violación de la Convención Americana que deben ser objeto de atención en la Resolución de la Corte IDH sobre la supervisión del cumplimiento de la Sentencia de 15 de septiembre.”

 

Los apoderados del General Uscátegui alegan de forma puntual las siguientes violaciones:

• Incongruencia de la investigación de la Fiscalía General de la Nación (CADH, Arts. 8)
• Falta de individualización de los delitos por los que se profiere la condena contra Uscátegui (CADH, Arts. 7 y 8)
• Falta de motivación de las sentencias judiciales contra Uscátegui (CADH, Art. 8)
• Falsificación del contenido de las pruebas en las sentencias judiciales contra Uscátegui (CADH, Art. 8)
• El testimonio corrupto del coronel Hernán Orozco Castro (CADH, Art. 8)
• Violación de la regla de la garantía de la cosa juzgada (CADH, Art. 8)
• Falta de congruencia entre la acusación y la condena final mediante sentencia (CADH, Art. 8, para. 2.b)
• Duración excesiva del procedimiento penal (CADH, Art. 7, para. 5 y Art. 8, para. 1)
• Duración excesiva de la detención provisional (CADH, Art. 7, para. 5)

 

En este contexto, y dado que era una obligación garantizar el debido proceso del General Uscátegui, en cumplimiento del parágrafo 7 resolutorio de la Sentencia de la Corte Interamericana de 2005, el Estado colombiano debe, bajo la supervisión de la Corte, “corregir los fallos procesales, suspender el proceso penal seguido contra Uscátegui y excarcelarle a la mayor brevedad posible.”

 

El hijo del General Uscátegui, José Jaime Uscátegui, radicará personalmente el día de hoy la solicitud de la defensa de su padre en las instalaciones de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica.  Según el hijo del General, “LA VERDADERA VÍCTIMA ES EL GENERAL USCÁTEGUI Y SU FAMILIA QUE HAN PADECIDO LOS ATROPELLOS DE UNA JUSTICIA INOPERANTE E INEFICAZ, TANTO EN EL ÁMBITO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.”

 

“MI PADRE ESTÁ CONDENADO POR LAS FALSAS VÍCTIMAS Y LAS MENTIRAS DE LA O.N.G. COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO.  RECLAMO JUSTICIA Y SANCIONES.”

 

“EL ESTADO COLOMBIANO Y LA CORTE INTERAMERICANA AÚN TIENEN LA POSIBILIDAD DE CORREGIR SUS ERRORES Y HACER JUSTICIA EN EL PROCESO DE MAPIRIPÁN.”

 

Ver documento completo:Amicus Curiae Brief (con anexo)